Reforma Agraria Guatemala

 

Aprobada el 27 de julio de 1952, la ley de Reforma Agraria conocida como Decreto 900, estipulaba que solo las tierras no utilizadas deberían ser expropiadas, y que tendrían el importe establecido por el valor declarado por los propietarios en sus declaraciones de impuesto, con pago previsto por medio de bonos emitidos por el gobierno con validez de 25 años. Árbenz planeaba quebrar el poder de la UFCO dado que esta empresa había infravalorado sus tierras, por lo tanto, la Reforma Agraria le representaba un duro golpe. Con la Reforma, la UFCo perdió 407 000 acres (1 acre = media hectárea más o menos) y exigió la indemnización de U$ 19 355 000. Sin embargo, basado en las declaraciones de impuestos de la empresa, el gobierno de Árbenz ofreció nada más U$1 185 000. Aunque no lo pareciera, la ley de Reforma Agraria era más suave que el modelo de reforma agraria que propondría, en el futuro, la Alianza para el Progreso.

Con el fin de crear un escenario regional y favorable a las acciones de desestabilización del gobierno de Árbenz, Estados Unidos movilizó a su diplomacia para que defendiera, junto con la OEA, una acción colectiva justificada por los tratados relativos a la seguridad hemisférica, contra la infiltración comunista en el continente, sin citar específicamente Guatemala.

La circunstancia apropiada para este tipo de acción sería la realización de la Décima Conferencia Interamericana, programada para marzo de 1954. En el caso de que no hubiera apoyo suficiente entre los países del hemisferio para este tipo de acción, el gobierno estadounidense estaba dispuesto a actuar por cuenta propia, optando por una acción clandestina en acuerdo con algunos países de la región del Caribe, como, por ejemplo, Nicaragua. La conferencia sería una prueba para evaluar si la retórica interamericana, inspirada en la Doctrina Monroe, funcionaría en la práctica. El gran reto del gobierno de Eisenhower en Caracas, sería convencer a los demás países latinoamericanos de la amenaza comunista en el continente y que ello constituía una agresión externa. Si los demás países aceptaban el argumento de EEUU, el sistema accionaría los dispositivos de seguridad colectiva establecidos desde la Conferencia Interamericana para los Problemas de la Guerra y de la Paz en Chapultepec, en 1945, en México. En esta Conferencia se intentó proteger el sistema interamericano contra el sistema totalitario. La innovación que sería propuesta en Caracas establecería el derecho de intervención de la OEA en los asuntos internos de un país dominado por el comunismo, además de suprimir de la retórica interamericana cualquier mención al fortalecimiento de regímenes democráticos en el continente, un elemento indicativo de que el gobierno estadounidense no creía que el sistema democrático funcionara en América Latina. Después de todo, Guatemala era una democracia, ¿cómo podría, entonces, estar dominada por un régimen totalitario? Para el gobierno de Eisenhower, Guatemala alimentaba la percepción de que el constante avance del comunismo no sería detenido por las democracias en el Tercer Mundo. El sistema democrático solo podría funcionar en países donde se permitiera fuerte control de las ideologías de izquierda por parte del Estado, como en Brasil y Argentina. El sistema interamericano se había preparado contra la intervención externa de un régimen “totalitario (comunista o fascista)”. Un país democrático, infiltrado por el comunismo, no había sido previsto. El gobierno estadounidense intentaba “corregir” esta falla por medio de la resolución que se presentaría en Caracas.