Aprobada el 27 de julio de 1952, la ley de Reforma Agraria conocida como Decreto 900, estipulaba que solo las tierras no utilizadas deberían ser expropiadas, y que tendrían el importe establecido por el valor declarado por los propietarios en sus declaraciones de impuesto, con pago previsto por medio de bonos emitidos por el gobierno con validez de 25 años. Árbenz planeaba quebrar el poder de la UFCO dado que esta empresa había infravalorado sus tierras, por lo tanto, la Reforma Agraria le representaba un duro golpe. Con la Reforma, la UFCo perdió 407 000 acres (1 acre = media hectárea más o menos) y exigió la indemnización de U$ 19 355 000. Sin embargo, basado en las declaraciones de impuestos de la empresa, el gobierno de Árbenz ofreció nada más U$1 185 000. Aunque no lo pareciera, la ley de Reforma Agraria era más suave que el modelo de reforma agraria que propondría, en el futuro, la Alianza para el Progreso. Con el fin de crear un escenario regional y favorable a las acciones
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